Periódico El Higuamo

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Mujeres someten a más de 24 mil hombres al año por manutención

En un estrecho pasillo del Juzgado de Paz del ensanche La Fe, María Reyes esperaba ser llamada por un alguacil para el inicio de la audiencia en la que una jueza conocería su caso.

 

El tribunal tenía en agenda ese día 22 demandas presentadas por madres solteras, que acudieron allí con un mismo propósito: solicitar una pensión alimenticia.

Ante la negativa del padre de sus dos hijos, de tres y cinco años, de proveerle recursos económicos para la crianza de los niños, María Reyes (nombre ficticio, caso real) lo sometió a la justicia.

El tribunal le aprobó una pensión de 7,000 pesos mensuales para los dos niños, pero el monto no satisfizo las expectativas de María, quien dice apelará la decisión.
Entiende que el monto no le alcanza para satisfacer las necesidades básicas de sus dos hijos.

Ella es una vendedora de cosméticos, residente en Villa Juana. Percibe un salario de 10 mil pesos mensuales y paga 5,500 de alquiler. Comenta que los niños no solo han sufrido por la ausencia del padre, sino también porque ella no puede suplirle lo necesario. Primero, ella participó en una vista pública celebrada por el fiscalizador, que representa al ministerio público ante el tribunal, pero al no llegar acuerdo, porque el padre solo le prometió 2,000 pesos al mes, lo sometió a la justicia.

Con el mismo objetivo que María, se trasladó a ese juzgado desde Pantoja la señora Sofía Pérez (también nombre ficticio), para exigir una pensión al padre de sus tres hijos, de seis, cuatro y dos años, aspirando a un monto de 6,000 pesos mensuales. Cuenta que su expareja nunca ha querido cumplir con esa responsabilidad, y que solo recibe apoyo de la madre de él.

"Él no me ayuda con nada, quien me ayuda es su mamá, pero no es su mamá que tiene que ayudarme, es él", reclama. Se dedica al oficio de arreglar uñas, además de preparar bizcochos cuando algún cliente realiza un encargo.

Ese mismo día, pero en otra jurisdicción, la señora Evelyn López gestionaba un aumento de la pensión de 3,000 pesos que recibe desde hace seis años. "Yo espero que me aumenten aunque sea a 4,000 pesos", dice.

Esperaba ser atendida por el fiscalizador para hacerle la petición. "Ahora vengo aquí a pedir aumento de pensión, porque cuando yo le solicito para la escuela, para ropa en diciembre, nunca tiene, ni nunca puede", se queja Evelyn López, quien no teme revelar su identidad.

Cree que el padre del niño puede darle una mayor cantidad porque es un oficial de la PolicÏa Nacional. A esto se suma que el niño tiene problemas sicológicos. "El niño tiene que estudiar, y lleva un tratamiento sicológico, y eso cuesta", enfatiza.

Ahora está desempleada, hace poco la cancelaron de una banca de lotería. Vive en una habitación de madera en Mendoza, Santo Domingo Este, por la que paga 2,000 pesos de alquiler.

El testimonio de las tres mujeres muestran las consecuencias de la paternidad irresponsable, que impulsa a las madres a ir a un tribunal para reclamar una pensión alimenticia para poder mantener a sus hijos. Pero el término alimento no implica solo comida. Consiste, según la ley 136- 03, en "los cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de las necesidades básicas de niño, niña o adolescente, indispensables para su sustento y desarrollo: alimentación, habitación, vestido, asistencia, atención médica, medicinas, recreación, formación integral, educación académica".

La mayoría de las madres que demandan pensión alimenticia son de escasos recursos económicos, según expresó la procuradora de niños, niñas y adolescentes, Marisol Tobal.

"En la clase pobre es que se nota más el abandono de los padres a sus hijos", precisó. Percibe que cada día la irresponsabilidad paterna en el país es más grande, porque muchos padres cuando se separan de sus parejas o tienen un hijo sin estar casados abandonan a los menores, no solo en lo económico, sino también en lo emocional.

"Cuando no suples las necesidades de un niño, niña o adolescente estás causando un daño emocional", afirma. Esa irresponsabilidad, sostiene, priva a los niños de alimentarse correctamente. Señala que a veces no pueden ser enviados a las escuelas, y son descuidados con la salud porque la madre no tiene para llevarlo al médico o en ocasiones no tiene para comprar los medicamentos.

Por ello entiende que negar a un niño alimento es privarlo de salud, educación, techo y vestimentas. La sicóloga Ángela Ramírez explica que uno de los abusos más comunes en contra de los niños, niñas y adolescentes es ejercido por los propios padres y eso ocurre cuando se abandona y se deja de lado el compromiso paterno.

La especialista afirma que ese tipo de abuso genera consecuencias negativas en la conducta del menor. Sostiene que desde el inicio de la infancia, la presencia paterna permite el sano desarrollo biológico, psicológico y social en el niño.

Precisa que estudios confirman que desde los 6 y ocho meses de edad la ansiedad por la separación se manifiesta cuando la figura de apego desaparece del campo perceptivo del bebé.

"Ya desde muy temprano el ser humano conoce la importancia del acompañamiento, de la cercanía y la ternura", enfatiza.

ACCIÓN
QUERELLAS ANTE FISCALIZADORES
Los casos conocidos por los representantes del ministerio público superan las demandas que llegan a los juzgados de paz. Por año, los fiscalizadores reciben un promedio de 24,000.

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SOMETIMIENTOS JUDICIALES
En 164 juzgados de paz del país fueron sometidas 59,082 demandas de pensión alimenticia entre enero del 2012 hasta septiembre del 2014, con un promedio de 22,200 cada año. En esos dos años y nueve meses, esos tribunales fallaron 54,021 casos, según estadísticas suministradas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de la Dirección de Comunicaciones.

Pero las querellas que llegan a las fiscalías son más. La procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisol Tobal, estimó en 24,000 las querellas presentadas por año. La diferencia con los casos judicializados se debe a que miles no van a los juzgados de paz, por multiples razones. A veces las partes llegan a un acuerdo en las vistas de conciliacion; otras veces la madre abandona porque no puede trasladarse al tribunal, en ocasiones porque entienden que necesitan un abogado y no pueden pagarlo, o porque no tienen tiempo para dedicarle al proceso.

Unas con más expedientes que otras, hay fiscalías que reciben hasta 100 cada día. Los juzgados reciben un promedio de 56 demandas diarias, las cuales conocen a puerta cerrada.

"Los juzgados de paz después que tienen los casos de manutención se han sobrecargado", dice. Cuando el proceso está en el tribunal, la madre también tiene que pagar la notificación a un alguacil, lo cual constituye una limitante. Tobal expresa que aunque la ley establece que los procesos relacionados con los menores de edad deben ser gratuitos, todavía muchos tienen costo.

Aunque la mayor cantidad de demandas surgen en la clase pobre, esto no significa que solo se den en ese estrato social. En la procuraduría de niños, niñas y adolescentes se someten querellas en contra de funcionarios y legisladores, que gozan de jurisdicción privilegiada.

Cuando no hay acuerdo, son conocidas por la sala penal de la SCJ. Sin embargo, Tobal dice que en 99 por ciento de los casos las partes concilian, por lo que no hay que judicializarlo. Los montos de las pensiones exigidas es más alto, llegando en ocasiones hasta a 200 mil pesos.

Paternidad responsible
El juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), José Manuel Hernández Peguero, sometió recientemente un proyecto de ley sobre paternidad responsable. Fue entregado a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo Mézquita, el 7 de octubre del año pasado.

Hernández Peguero explica que el propósito es establecer un procedimiento judicial sencillo, rápido y obligatorio, que permita cada año a las más de 100,000 parturientas solteras lograr el registro del padre de sus hijas o hijos en sus actas de nacimientos. Según expone Hernández Peguero, ese registro hará posible que los padres cumplan las obligaciones de manutención, asistencia y protección, o en su defecto que puedan ser demandados judicialmente.

Fuente: Listín Diario